Con el inicio de las campañas electorales, las calles de la Ciudad de México se han visto inundadas de propaganda política con la imagen de los diferentes candidatos que buscan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones. Esta situación ha generado críticas por la cantidad de basura que estos materiales promocionales generan y la contaminación visual en las calles.
Ante esta situación, algunos ciudadanos han expresado su intención de organizar jornadas de ‘limpieza’, es decir, retirar la propaganda que encuentren en las calles de la Ciudad de México, sin embargo, surge la pregunta: ¿Es legal o se incurre en un delito al retirar esta propaganda?
Según expertos en temas electorales, en los códigos de procedimientos electorales no existe una sanción específica para los ciudadanos que retiren por su cuenta la propaganda electoral que se encuentre en espacios públicos, sin embargo, se considera más adecuado que esta tarea sea realizada por las autoridades electorales, quienes pueden sancionar a los partidos políticos responsables de colocarla.
Por otro lado, el Código Penal para la Ciudad de México establece que un servidor público que esté involucrado en el retiro de propaganda de un partido político rival podría enfrentar una multa de hasta 30 días o de seis meses a un año de prisión. Esto sugiere que el retiro ilegal de propaganda electoral por parte de funcionarios públicos puede constituir un delito.
Es importante tener en cuenta que, aunque la ley electoral no sea explícita al respecto, el retiro ilegal de propaganda electoral puede tener consecuencias legales, especialmente para los servidores públicos que participen en estas acciones. Además, la destrucción de este material también puede configurar un delito penal, según lo establecido en el artículo 359 del Código Penal.
La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada, advierte que el retiro ilegal de propaganda electoral puede generar responsabilidad penal y sanciones que van desde amonestaciones y multas hasta la pérdida de candidaturas.
En resumen, si bien la retirada de propaganda electoral por parte de la ciudadanía no está expresamente regulada por la ley, es importante actuar con prudencia y respetar los procedimientos establecidos por las autoridades electorales. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear consecuencias legales tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos involucrados.
