La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un panorama cargado de tensión política y legal, con 54 impugnaciones activas contra decretos promovidos por la mayoría legislativa de Morena. Estas acciones, que incluyen controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, representan un desafío sin precedentes para el máximo tribunal del país.
Legado de polémicas legislativas
Desde 2016 hasta la fecha, la SCJN ha admitido 66 acciones de inconstitucionalidad y 24 controversias constitucionales contra decretos aprobados por el Congreso de la Unión. Sin embargo, la magnitud del problema actual recae sobre los 31 casos de inconstitucionalidad y 23 controversias pendientes, muchas de ellas relacionadas con decisiones legislativas clave del gobierno de la Cuarta Transformación.
Uno de los episodios más controversiales es el llamado “viernes negro” del 26 de abril de 2023, cuando una serie de decretos se aprobaron en condiciones que algunos sectores calificaron como violaciones flagrantes al debido proceso legislativo. Estos decretos han sido señalados por la oposición como medidas que contradicen principios constitucionales básicos.
Los retos de la SCJN
La SCJN, que debería contar con 11 ministros para tomar decisiones de alto impacto, enfrenta un obstáculo significativo: la reciente salida del ministro Luis María Aguilar. Esta situación ha dejado al pleno sin la fuerza necesaria para invalidar ciertos decretos, lo que genera un ambiente de incertidumbre jurídica.
De acuerdo con expertos constitucionalistas, el quórum limitado complica la resolución de casos donde se requiere una mayoría calificada para revertir decisiones legislativas. “Sin los 11 ministros, el pleno carece de la capacidad jurídica para declarar la invalidez de los instrumentos que están en juicio”, explicó el jurista Raúl Mejía durante un foro en la UNAM.
Comentarios desde el Senado y la sociedad
El Senado, bajo control de Morena, ha defendido la legalidad de los decretos, señalando que estos representan el mandato popular obtenido en las urnas. Sin embargo, legisladores de la oposición, como Damián Zepeda (PAN), han acusado al partido oficialista de utilizar su mayoría para imponer cambios legales sin debate suficiente. “Esto no es legislar, es atropellar los principios democráticos que deben regir al Congreso,” declaró Zepeda.
Por su parte, el senador Ricardo Monreal, figura clave de Morena, aseguró que el partido está dispuesto a dialogar con la Corte para resolver las controversias. “Respetamos la autonomía del Poder Judicial, pero también confiamos en la legalidad de lo aprobado por el Congreso,” señaló Monreal.
Casos clave en disputa
Entre los decretos impugnados destacan:
- Reforma al INAI: Críticos argumentan que la estructura modificada del organismo afecta la transparencia gubernamental.
- Ley de Austeridad Republicana: Los opositores alegan que las restricciones presupuestales para órganos autónomos violan su independencia.
- Reformas en materia electoral: Uno de los temas más polémicos, las reformas conocidas como el “Plan B” han sido señaladas por socavar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
En contraste, el único caso resuelto hasta el momento ha sido una controversia constitucional relacionada con el derecho al uso del agua, un fallo que favoreció a comunidades indígenas en Chiapas.
El impacto en la sociedad y el futuro político
La incertidumbre legal afecta no solo al funcionamiento de las instituciones, sino también la percepción pública de la imparcialidad del sistema judicial. Analistas advierten que el retraso en las resoluciones podría erosionar la confianza ciudadana. “La falta de decisiones firmes de la Corte deja un vacío de poder que puede ser explotado políticamente,” expresó la politóloga Valeria Escobedo.
Por su parte, organizaciones civiles como México Evalúa han destacado la importancia de un Poder Judicial fortalecido. “La Corte debe actuar con independencia y rapidez para evitar que se consoliden políticas que podrían tener efectos irreversibles en los derechos ciudadanos,” enfatizó la directora Edna Jaime.
¿Qué sigue para la SCJN?
Con nueve meses restantes antes de que varios ministros concluyan su mandato, el reloj avanza rápidamente para resolver estas 54 impugnaciones. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha reiterado su compromiso de trabajar bajo los principios de imparcialidad y apego a la Constitución. “Nuestra labor no es política, es estrictamente jurídica,” declaró durante una reciente conferencia de prensa.
Sin embargo, el contexto político sigue siendo una barrera significativa. La Corte deberá equilibrar las presiones externas con su deber de salvaguardar el Estado de derecho, todo mientras opera con recursos limitados y una integración incompleta.
