Con la aprobación de la Reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) por parte de 17 congresos estatales, el Ejecutivo Federal está listo para promulgarla en el Diario Oficial de la Federación. Este paso marca un avance significativo en el combate a delitos como el contrabando y la defraudación fiscal, entre otros.
Los estados que han dado luz verde a esta reforma incluyen: Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Con su aval, se cumple el requisito de la mayoría de los congresos estatales para que la enmienda constitucional entre en vigor.
¿Qué implica esta reforma?
La PPO otorga nuevas facultades a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Economía (SE), para solicitar la detención de personas sospechosas de participar en actividades como el contrabando, la defraudación fiscal y la manipulación de sustancias químicas esenciales como el fentanilo.
El contexto no es menor. Según el SAT, en 2023 se integraron 77 expedientes administrativos por contrabando y defraudación, con un impacto fiscal de 6,071 millones de pesos, cifra que representa un aumento del 257.9% respecto a 2022. Los bienes que suelen ingresar ilegalmente al país incluyen combustibles, medicamentos, ropa, cigarrillos, y electrónicos, entre otros.
Además, entre 2020 y 2023, se denunció a 732 personas, incluyendo funcionarios públicos y actores privados. De estos casos, 18 de cada 100 estaban directamente relacionados con el contrabando.
El impacto esperado
Con esta reforma, las autoridades buscan cerrar brechas legales que han permitido el crecimiento de redes de evasión y contrabando, sectores clave que representan un desafío fiscal y de seguridad. También se espera que desincentive el consumo de productos piratas o ilegales, dado que el 50% de los mexicanos reconoce haber adquirido conscientemente bienes de contrabando, según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.
La reforma no solo refuerza el marco legal, sino que también responde a compromisos internacionales y a la presión económica global para regular actividades ilícitas que afectan la competitividad y las finanzas públicas. ¿Será suficiente para combatir estos delitos de raíz? El tiempo lo dirá.
